Accesibilidad Cognitiva

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Mérida, 1 de septiembre de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 1 de septiembre el Real Decreto que desarrolla la Ley de Accesibilidad Cognitiva, ratificada por el Parlamento en marzo de 2022, y que refuerza el derecho a la igualdad en la comprensión de la realidad y al uso facilitado de los servicios públicos para las personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión. Plena inclusión España saluda esta aprobación, con la que se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como la igualdad de oportunidades y la no discriminación de todas las personas y, en especial, de quienes tienen dificultades de comprensión.

El nuevo reglamento fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva que deberán aplicarse en ámbitos como la información y la comunicación, las relaciones con las administraciones públicas, los espacios públicos y los edificios, el transporte, la justicia, la participación política, el empleo, la cultura y los bienes y servicios abiertos al público. Entre otras medidas, contempla que los documentos y formularios administrativos sean más fáciles de entender, que la información sanitaria sea accesible y que los procesos de empleo público incorporen medidas de accesibilidad cognitiva sin que las personas tengan que solicitarlas de forma expresa. Estas condiciones deberán ofrecerse en formatos accesibles: lenguaje claro, lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas y otros apoyos a la comprensión.

La accesibilidad cognitiva beneficia especialmente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, aunque también a las personas mayores, a quienes tienen dificultades de comprensión lectora, a personas con daño cerebral adquirido, con problemas de salud mental o con trastornos del neurodesarrollo, y a quienes atraviesan dificultades temporales para comprender la información.

Para la elaboración del Real Decreto, el movimiento asociativo de Plena inclusión participó activamente en la tramitación de la norma. En Extremadura, la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (OACEX) es el servicio de referencia en materia de accesibilidad cognitiva. Su labor se centra en promover la comprensión y la orientación de todas las personas mediante actuaciones en distintos ámbitos, con especial atención a la elaboración y adaptación de información escrita en lectura fácil y a la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva en entornos y espacios físicos y virtuales, orientadas a garantizar que el derecho a la accesibilidad cognitiva se traduzca en una aplicación real en los servicios públicos de la región.

El Reglamento fija unas condiciones mínimas comunes para todo el territorio; a partir de ahora, corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales su desarrollo, aplicación y mejora, pudiendo establecer medidas complementarias dentro de sus competencias. En este contexto, la OACEX pone a disposición de las administraciones extremeñas su experiencia técnica para facilitar la interpretación y aplicación del nuevo Reglamento, con asesoramiento, acompañamiento técnico, formación, revisión de documentos y validación con personas con discapacidad intelectual.

Enrique Galván, director de Plena inclusión, ha explicado que desde la Confederación que agrupa a 950 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias “recibimos esta aprobación como un avance largamente esperado. Sin embargo, echamos en falta que instrumento normativo, llegue acompañado de una dotación presupuestaria con la que garantizar su efectividad. Además, entendemos que habría sido más completo si hubiera referenciado normativa técnica que asegure el rigor de las metodologías para la elaboración de apoyos dirigidos a garantizar una auténtica accesibilidad cognitiva”.

UN DERECHO LLAVE

Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión se defiende que la accesibilidad cognitiva es un "derecho llave", ya que abre la puerta, para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión, al disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, el empleo, la sanidad o el ocio. Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y activista por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ha celebrado el paso dado: "Nosotras, las personas con discapacidad intelectual, necesitamos comprender el mundo en el que vivimos. Y eso solo lo podemos hacer si contamos en nuestro día a día con medidas que faciliten nuestro derecho a la accesibilidad cognitiva".

Una larga experiencia en el impulso del derecho a la accesibilidad cognitiva para cientos de miles de personas con dificultades de comprensión en este país ha permitido a Plena inclusión España acompañar el desarrollo de la norma desde que comenzó a elaborarse. En este proceso, la organización ha aportado su conocimiento de la realidad y del ejercicio de este derecho a través del apoyo que ofrece, en sus 4.000 centros y servicios, a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias en todo el país.

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